El glifosato, un producto químico utilizado en los plaguicidas, es legal, y fue declarado como no cancerígeno por la EFSA. Aun así la sospecha sigue acompañándole. En 2015, el grupo de investigación sobre cáncer de la Organización Mundial de la Salud alertó de sus probables efectos cancerígenos. Pero tanto la Comisión Europea como los Estados miembros se mostraron contrarios a prohibirlo. Sin unanimidad la Unión Europea extendió a finales de 2017 su licencia durante otros cinco años con el apoyo de 18 socios comunitarios, nueve votos en contra —entre ellos Francia— y una abstención.

En su sentencia, los jueces anulan las resoluciones de la EFSA que impiden el acceso a los estudios. Lo justifican argumentando que el derecho del público a tener información sobre las consecuencias del glifosato. La protección del medio ambiente y la salud es más importante que el secreto de datos sensibles. "Una institución de la Unión, que tramita una solicitud de acceso a un documento, no puede justificar su negativa a divulgarlo basándose en la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales de una persona física o jurídica", señala el fallo.

La autoridad alimentaria suele ser celosa en la protección de esa información, dado que puede contener claves sobre cómo elaborar el producto que pueden ser aprovechadas por los competidores. Por ello, trata de mantener un equilibrio entre el interés público y el secreto comercial para no ser objeto de demandas si desvelan determinadas informaciones. "Gracias a la publicación de todos los estudios, en el futuro científicos independientes podrán hacer doble control sobre la ciencia detrás de las evaluaciones de los plaguicidas", celebró el eurodiputado de Los Verdes Florent Marcellesi.