El delincuente ecológico, realiza su criminal fumigación mortal con un helicóptero en vuelo, casi rasante. Sorprendió a los pobladores de la comisaría de Dzonot Carretero, en el municipio de Tizimín. Estaba rociando un poderoso herbicida (glifosato) que “quemó” una parte importante de la vegetación en la zona. Pero no sólo eso, a los pocos días las abejas empezaron a caer muertas en el campo, y otras, simplemente, no regresaron a las colmenas.

Un apicultor maya relató cómo tras este hecho, acaecido en julio, en su pueblo se perdieron 26 colmenas completas y fueron afectadas otras 150. Además se perdieron siete hectáreas enteras de cultivos de calabaza y sandía.

Los pobladores de Dzonot Carretero culpan al empresario agricola Jacobo Xacur Eljure, que tiene un rancho muy cerca de la comunidad. Acusan al empresario de ser quién contrató el helicóptero para fumigar. No tuvo miramientos ni le importó perjudicar la actividad de los apicultores. Tampoco que a pocos kilómetros se encuentre la Reserva de Biosfera Río Lagartos, una de las más importantes de Yucatán.

“Al cuarto día de la fumigación empezaron a caer las abejas, algunas regresaron a morir a nuestras colmenas, y la población en mi apiario disminuyó en un 50 por ciento, están muy débiles”, relató con pesar y tono de frustración el apicultor Marco Antonio, que hace 10 años se dedica a esta actividad.

Los daños colaterales también se hicieron notar pues murieron muchas flores y vegetación. Por ello, los apicultores tuvieron que invertir una fuerte cantidad de dinero para alimentar a las abejas que quedaron en sus colmenas. Un ejemplo el del apicultor Cupul Kú, quién, mientras se recuperaba la flora, tuvo que alimentarlas con 20 kilogramos de azúcar cada tres días.

Jorge Fernández Mendiburu, abogado y activista de MA OGM e Indignación, en los últimos años han luchado en contra de los cultivos transgénicos en la Península de Yucatán. El abogado indica que el caso de Dzonot Carretero es una prueba más de que las abejas están en riesgo en la entidad.

“Lo que sucedió en esta comunidad de Tizimín no únicamente es visto como una mortandad de las abejas. Estamos hablando de una afectación económica a los pobladores mayas que viven de la apicultura, que es una actividad ancestral en Yucatán, y por lo tanto también en un golpe a su cultura”.

De hecho, recordó que un caso similar ocurrió en el municipio de José María Morelos en Quintana Roo, en donde los habitantes también culpan al empresario Jacobo Xacur de realizar fumigaciones.

Por lo pronto, siete apicultores y campesinos de Dzonot Carretero interpusieron denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Salud, con la intención de que los daños a las colmenas y parcelas sean reparados, y que no se vuelvan a realizar fumigaciones aéreas en la zona.

Sobre este caso de mortandad de abejas en Dzonot Carretero, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), Eduardo Batllori Sampedro lamentó que las autoridades federales no han proporcionado información suficiente para conocer si se autorizó la actividad peligrosa de fumigación.

Señaló que la dependencia a su cargo se dio a la tarea de indagar sobre este hecho, y que lo único que ha conseguido por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil es que sí aprobaron la habilitación de puertos aéreos para fumigaciones, “pero no nos dicen si se hicieron o no”.

Y con respecto a la SAGARPA y la SENASICA, el funcionario estatal recalcó que no proporcionaron datos sobre si dieron permisos para las fumigaciones áreas en el oriente de Yucatán. “Sólo nos respondieron que en el 2016 dieron autorizaciones, y también en el 2017, pero no nos mostraron la documentación completa, y en el caso de este año no nos dieron información… no sabemos si la tienen”.

Batllori dijo que lo que pudieron averiguar en la Aeronáutica Civil es que en las autorizaciones de vuelo se usaría el herbicida 2,4D en la fumigación y otro producto parecido como el gliofosato.

Estos herbicidas son muy potentes y podrían ser parte de la familia de los neonicotinoides, los cuáles actúan en el sistema nervioso central de los insectos.

Explicó que las autoridades federales no deberían permitir esas actividades, ya que el 70 por ciento del herbicida fumigado por el delincuente ecológico se va con el viento. Ésto genera serios problemas ambientales, afectando la producción apícola y la salud de habitantes de comunidades aledañas.

Los apicultores mayas de la región entienden perfectamente que es necesario proteger la vida de las abejas de proyectos de monocultivos que implican el uso masivo de herbicidas. Así lo han hecho en los últimos años.

Por ejemplo, el abogado Fernández Mendiburu recordó la lucha jurídica que iniciaron en 2014, después de que el gobierno federal autorizó la siembra piloto de soja transgénica en la Península de Yucatán.

Los campesinos se ampararon argumentando violaciones a su derecho de contar con un medio ambiente sano, y que no se realizaron consultas indígenas para conocer si estaban a favor de este proyecto agrícola.

El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde enfrentaron a la poderosa transnacional Monsanto. Hasta hoy día, a pesar de la sentencia de los ministros, no se han podido realizar correctamente las consultas, debido a diferentes irregularidades de las autoridades.

“Esa lucha no sólo es en contra los transgénicos, es en general contra el delincuente ecológico y toda la agroindustria, ya que ésta implica deforestación y el uso de herbicidas. Pudimos exhibir cómo el uso de esos pesticidas en los monocultivos guardan una estrecha relación con la mortandad de las abejas, y también en la contaminación del agua”, explicó.

Fue tan controvertido este tema, que en octubre del 2016 el Gobierno de Yucatán publicó el Decreto 418, para que el territorio estatal sea declarada zona libre de cultivos transgénicos, y así proteger la salud de los pobladores, el medio ambiente y la producción de miel.

Sin embargo, la Presidencia de la República presentó una Controversia Constitucional ante la SCJN, para echar atrás el Decreto. Para proteger los intereses del delincuente ecológico, argumentó que la Ley de Bioseguridad establece que las facultades para decidir si se permite o prohíbe la siembra de organismos genéticamente modificados en las entidades compete a la Federación.

Hasta el momento los ministros no han resuelto este pleito, pero para el Consejero Jurídico del Estado, Carlos Pavón, el atraso beneficia a Yucatán, pues mientras no haya sentencia firme se sigue evitando que se los delincuentes ecológicos cultiven transgénicos en el campo, y por lo tanto, las abejas no corren peligro.

De acuerdo a la Secretaría Estatal de Desarrollo Rural, en Yucatán se producen entre 10 mil y 15 mil toneladas de miel al año.

Se tiene el registro de más de 11 mil 200 apicultores en Yucatán, la mayoría maya-hablantes.

Yucatán es el principal exportador de miel en México. Surte mercados como los de Estados Unidos, Alemania, Japón y en América Latina

La apicultura yucateca deja una derrama de 450 millones de pesos, informó la Sagarpa.